José Batlle y Ordóñez.
La organización de nuestro país (gran
poder concentrado en la persona del presidente) y la situación económica
internacional (buenos precios para los productos uruguayos) hacían
posible la acción de un MOVIMIENTO REFORMISTA IMPULSADO DESDE EL
GOBIERNO. Así, durante sus presidencias, y en particular, durante los
dos primeros años de la segunda (1911-1913), Batlle impulsó un fuerte
movimiento de reformas que modificó profundamente el panorama social del
país. Esta tendencia reformista provocó en algunos casos simpatías y
alabanzas, y en otros, un fuerte rechazo.
Su pensamiento
Batlle dejó completamente de lado las
ideas de coparticipación. Se proponía cumplir sus planes de gobierno con
sus hombres y su partido. Esto se explica por un lado por la rivalidad
que de tanto tiempo atrás enfrentaba a blancos y colorados, y por otro
lado a la convicción, que sería imposible cumplir con su programa de
gobierno si no lo llevaban a la práctica hombres que compartieran sus
mismas ideas políticas.
Sufragio universal: creía que era necesario que todos los ciudadanos del país pudieran votar.
Ideas religiosas: fue un anticlerical (opuesto
a la Iglesia). Desarrolló una idea muy negativa de las religiones y en
especial de la católica a la que criticó duramente desde las páginas de
“El Día”. Fruto de este anticlericalismo fueron una serie de medidas
adoptadas: eliminación de los crucifijos de los hospitales, supresión de
la enseñaza religiosa de las escuelas públicas, la ley de divorcio,
etc.
La educación: para que la
democracia fuera una realidad, Batlle estimaba necesario que el
ciudadano fuera instruido. Para ello era fundamental que se extendiera
la educación a los más amplios sectores sociales. Sólo el hombre culto y
conciente podía ser un buen ciudadano.
El Estado: el Estado debía lograr
la igualdad entre los hombres, pues representa a toda la sociedad.
Protegería al más débil y corregiría las injusticias provocadas por las
diferencias económicas y educativas entre los hombres. Para ello debería
intervenir en la vida económica y social del país. Este criterio
establecía además que los servicios públicos no podían quedar en manos
de las empresas privadas, ni en manos de las empresas extranjeras, que
extraían la riqueza de la nación para enviarla al exterior.
Latifundio: había que fraccionar
los latifundios y difundir la agricultura para lograr dar ocupación a
los habitantes del campo. Batlle entendía que se debía buscar fomentar
junto a la ganadería, la agricultura como nueva fuente de riqueza.
La política económica
La acción del Batllismo se manifestó
como una ampliación de la actividad del Estado en lo económico. La
NACIONALIZACIÓN de empresas extranjeras que encaró, se dirigía
fundamentalmente a aquellas empresas cuyos dueños residían fuera del
país. Como consecuencia de la forma en que se realizó la modernización
del Uruguay a fines del siglo XIX y del papel decisivo que jugó en ella
la inversión de capitales extranjeros –principalmente ingleses- a
comienzos del siglo XX, la mayor parte de los servicios públicos, los
transportes, el comercio y la vida financiera, estaban en manos de
empresarios extranjeros.
Frente a esta situación, Batlle buscó
algunas veces que el Estado adquiriera la empresa, pero, en la mayoría
de los casos, intentó crear empresas estatales competitivas con las
extranjeras. Este tipo de medidas respondía en parte a la escasez de los
recursos del Estado, que no podía pensar en la compra de grandes
empresas. En este sentido la creación más espectacular fue la del BANCO
DE SEGUROS DEL ESTADO, en 1912, rompiendo el monopolio que tenían las
empresas extrajeras.
Las ESTATIZACIONES, se dirigieron a
limitar la acción del capital privado nacional. En ese momento se
hallaba volcado fundamentalmente a la especulación financiera y
bancaria, y en cierta medida a las industrias y servicios públicos.
Algunas de las estatizaciones fueron en realidad formales, dadas las
circunstancias en que se produjeron. En algunos casos, la actividad del
Estado contribuyó a colmar vacíos dejados por el capital privado.
En una época en que se acostumbraba a
ver al capital extranjero como un factor de progreso, el Batllismo hizo
hincapié en la fuga de capitales que representaba para el país el envío
al exterior de las ganancias de las empresas extranjeras, así como en la
mediocre calidad de los servicios prestados por ellas. Al mismo tiempo
comenzó a difundirse la idea de que el capital extranjero cuestionaba la
soberanía nacional. Nacionalizaciones y estatizaciones pasaron a
justificarse por una razón contundente: los organismos oficiales
encargados de sustituir o complementar el capital privado o extranjero,
mejoraron sensiblemente la calidad de los servicios y rebajaron su
costo.
La legislación social
El amplio concepto de lo social que tenía Batlle explica, en parte, la amplitud y la diversidad de sus iniciativas en materia de legislación social y, aunque en su tiempo le valieron serios cuestionamientos, su aplicación marcó la sociedad uruguaya posterior.
Batlle partía de la base de que, en materia social, el acuerdo es siempre preferible a la lucha y de que, en ese acuerdo, el estado debía ser el árbitro. Ahora bien, Batlle tenía una particular concepción de ese arbitraje. Consideraba que, dado que las clases en conflicto no tenían las mismas fuerzas ni las mismas armas, el Estado debía ser un árbitro favorable a los “oprimidos del taller y del hogar”. Finalmente sostenía que el Estado tenía que promover reformas que evitaran conflictos y situaciones injustas.
La situación de la mujer, a la que
Batlle incluía entre los “oprimidos del hogar”, fue objeto de varias
iniciativas legislativas. Entre ellas, las que más revuelo provocó en la
sociedad fue la LEY DE DIVORCIO (1913). Hubo también por parte del
Batllismo, una preocupación por darle a la mujer otro perfil dentro de
la sociedad. La creación de un liceo femenino (1912) se inscribió en un
marco mucho más amplio de difusión de la educación, que incluyó la
puesta en marcha de muchas Facultades y la creación de los liceos
departamentales entre otras.
Mencionemos la preocupación que
representaban para Batlle los ancianos, sobre todo los de escasos
recursos. En un intento de paliar situaciones que consideraba de extrema
injusticia social, se aprobó una ley de PENSIONES A LA VEJEZ, que se
hacía extensiva a los casos de invalidez total si se trataba de
indigentes.
Las iniciativas batllistas en materia de
legislación laboral representaron también un punto de enfrentamiento
con los sectores empresariales y conservadores de la sociedad. Las duras
condiciones de trabajo de la época, habían creado el ambiente propicio
para la formación de “sociedades de resistencia”, como se llamaban por
entonces los sindicatos. La dureza de los enfrentamientos entre obreros y
patrones desembocó frecuentemente en la huelga. Durante su primera
presidencia, Batlle manifestó una tolerancia –insólita para la época-
con respecto a los obreros en huelga. Cuando ocupó por segunda vez la
presidencia, existía cierta expectativa en los obreros que guardaban un
buen recuerdo de su actitud anterior.
En mayo de 1911, se desarrolló un
conflicto entre las empresas tranviarias y sus obreros, que reclamaban
la jornada laboral de 8 horas. Durante los 10 días que duró el
conflicto, el gobierno asumió una actitud que fue entendida
pro-obrerista. Un mes después de terminada la huelga tranviaria, el
Poder Ejecutivo volvía a presentar un proyecto de ley que implantaba las
OCHO HORAS DE TRABAJO.
La reforma constitucional
Durante la segunda presidencia de Batlle
todavía estaba vigente la constitución de 1830. en los hechos, esa
constitución no se adaptó exactamente a las necesidades y a la situación
de nuestro país.
Después de la muerte de Saravia, los
blancos canalizaron sus tradicionales reclamos de coparticipación y
garantías electorales en el sentido de una reforma constitucional. Al
sumarse la iniciativa batllista, se logró el ambiente propicio para
encaminarse hacia la tan ansiada reforma.
En 1913, Batlle comenzó a publicar sus
ideas acerca de la reforma constitucional, que significaban una
modificación mucho más profunda a la estructura política: separaba la
Iglesia del Estado, creaba estructuras legales para administrar las
empresas del Estado, y sustituía al presidente de la República por un
Poder Ejecutivo COLEGIADO compuesto por 9 miembros.
El proyecto batllista no fue bien visto.
Las innovaciones causaban rechazo, y no aparecían algunas (como el voto
secreto) de las largamente anheladas por los blancos. Para ellos, el
proyecto era un mecanismo para perpetuar al Partido Colorado en el
poder. Para muchos colorados, en cambio, el proyecto dejaba la puerta
abierta a los blancos para llegar al Poder Ejecutivo.
La presentación del proyecto desató una
tormenta política y provocó la oposición del Partido Nacional y de un
importante sector del Partido Colorado, que se declararon
ANTICOLEGIALISTAS. De ahí en más, la lucha política se centró entre
colegialistas y anticolegialistas.
Los argumentos anticolegialistas eran
los siguientes: el colegiado sería un órgano que funcionaría muy
lentamente y se demoraría mucho en resolver aquellos asuntos que
requerían decisiones rápidas. Sería además un organismo muy caro para el
Estado, no sólo por sus 9 miembros, sino también por todas las
secretarías que habrían de crearse para cada uno de ellos.
Para 1916 –Batlle ya no era presidente-
la coyuntura había variado sustancialmente. La caída de las
exportaciones de 1913-14, provocada por el comienzo de la Primera Guerra
Mundial, desfinanció al Estado. La aprobación de la ley de 8hs., el
descanso semanal, las pensiones a la vejez, la gratuidad de la enseñanza
secundaria, el reconocimiento del 1º de mayo como Día de los
Trabajadores, profundizaban la acción social de estado, pero como se
combinaron con el aumento de los impuestos rurales y al consumo, no
despertaron la adhesión esperada, sino más bien cierta apatía en las
clases populares y una violenta reacción de la clase alta rural. De esta
manera, todos los que se oponían a Batlle encontraron, en el tema de la
reforma constitucional, la forma de canalizar sus discrepancias con el
batllismo.
La elección de la Convención
Constituyente (encargada de redactar la nueva constitución) se
transformó en una especie de evaluación de la obra de Batlle. La
elección se realizó el 30 de julio de 1916 y fue la 1ª con voto secreto.
Como resultado, volvió a triunfar el Partido Colorado, pero en el
plebiscito por el colegiado los anticolegialistas obtuvieron la mayoría.
Los blancos votaron en bloque contra el proyecto al igual que la Unión
Cívica y un sector importante de Partido Colorado. Los batllistas sólo
contaron con el apoyo del Partido Socialista.
Recién en 1917 se completó la
elaboración de un proyecto constitucional satisfactorio tanto para los
batllistas como para los blancos. La nueva propuesta constitucional
terminó siendo el resultado de una negociación directa entre ambos
sectores. La nueva constitución se aprobó en 1918 y entró en vigencia en
1919.
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